En Jalisco hemos apostado fuerte a la videovigilancia. Cámaras en avenidas, en accesos, en zonas residenciales y hasta en los municipios que funcionan como puertas de entrada al Área Metropolitana de Guadalajara.
En el papel, suena impecable: tecnología para anticipar, disuadir y perseguir el delito. Una ventaja estratégica frente al crimen organizado y la delincuencia cotidiana. Un gasto que, en teoría, se justifica solo.
Pero la realidad tiene otra narrativa.
Ahí está el secuestro de la alcaldesa de Cotija en Zapopan en 2023. Ahí están los “levantones” en Andares y Puerta de Hierro. Las balaceras que rompen la calma de las zonas más vigiladas. Y en todos esos casos, una constante incómoda: las rutas de escape se desvanecen, los convoyes no se detectan, las imágenes no alcanzan.
Más reciente: el asesinato de la influencer Valeria Márquez. También el del exdiputado Luis Armando Córdova Díaz. Sin detenidos. Sin trayectorias claras. Sin cámaras que cuenten la historia completa.
Y el caso que parece guion de cine: la emboscada contra el empresario Alberto Prieto Valencia. Más de 30 sicarios movilizados… y ninguna alerta previa, ningún seguimiento certero. Como si la ciudad tuviera ojos… pero no reflejos.
Hoy, mientras el Gobierno de Tlajomulco y el Estado anuncian inversiones superiores a 400 millones de pesos y presumen un avance del 60% en el nuevo C5, la pregunta es inevitable: ¿más cámaras significan más seguridad… o solo mejor escenografía?
Porque la tecnología sin inteligencia es apenas un espejo caro. Y la vigilancia sin resultados, termina siendo una ilusión que tranquiliza discursos, pero no calles.
La videovigilancia es necesaria, sí. Pero no basta con mirar: hay que entender, reaccionar y, sobre todo, prevenir. De lo contrario, el riesgo es claro… que el sistema funcione mejor para impresionar a la FIFA que para proteger a los jaliscienses.
Y entonces sí, el problema no será la falta de cámaras… sino la ausencia de resultados.