La fábrica de mentiras no descansa. Este martes se desató un nuevo rumor que se volvió titular: los hijos de Andrés Manuel López Obrador —Andy, Gonzalo, José Ramón— habrían tramitado amparos para evitar ser detenidos. La versión fue impulsada por Claudio Ochoa de Latinus, retomada por Reforma, El Universal y otros medios conservadores. Una bomba mediática que explotó antes de comprobarse.
Pero aquí está lo que sabemos:
- El abogado que aparecía como promotor del amparo, Francisco Javier Rodríguez Smith Mac Donald, desmintió que haya promovido recurso alguno en favor de los López Beltrán.
- Andy López Beltrán también salió a desmentir públicamente que haya solicitado dicho amparo.
- Sí existe un expediente, el 2098/2025, en el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas que incluye nombres de los hijos de AMLO, así como otros presuntos implicados en la red de huachicol fiscal; el documento menciona suspensión de oficio contra cualquier orden de captura.
- Pero también reconoce la irregularidad: el recurso carece de firmas, algunos datos no están ratificados, y la acción no ha sido confirmada oficialmente por quienes dicen beneficiarse.
Lo que se perfila es esto: alguien armó un expediente “fantasma”, lo filtró, lo convirtió en titular, generó indignación, rumor, polarización… todo antes de esperar que la justicia o la verdad caminaran por su cauce.
Esto nos lleva al meollo: ya no basta con decir que “en México hay dictadura mediática” o que los periodistas “seamos perseguidos”. No: el flujo de información se ha vuelto arma de guerra política.
Se politizan amparos, suspensiones, hasta documentos legales sin firma, para golpear desde la narrativa.
A la oposición le quedan esas chicanadas, las calumnias, los montajes como últimas balas políticas. Y a los medios que se suman sin verificar: cómplices involuntarios de la desinformación.
El gobierno tiene una tarea doble: seguir actuando con transparencia judicial, investigando quién promovió los montajes, quién filtró documentos, quién manipuló opiniones. Y también asumir que la confianza no se restaura solo con denuncias, sino con resultados: responsabilidades, sanciones, puertas de justicia abiertas.
