El reloj ya comenzó a correr.
Mientras el Gobierno de Jalisco prepara un proyecto de rescate financiero para el SIAPA, en el Congreso del Estado la discusión dejó de ser únicamente cuánto dinero se necesita. Ahora la pregunta es mucho más incómoda: ¿qué clase de agua está llegando a miles de hogares?
Los resultados presentados por organizaciones ciudadanas sobre la calidad del agua en distintos municipios de la Zona Metropolitana encendieron una alerta que ninguna autoridad puede minimizar. Hablan de ausencia de cloro residual en numerosas muestras, presencia de bacterias y detección de diversos contaminantes en distintas colonias. Son datos que deberán ser verificados por las autoridades competentes, pero que, por sí solos, justifican una respuesta inmediata.
Porque cuando existe la duda sobre la calidad del agua, ya no estamos hablando solamente de infraestructura. Estamos hablando de salud pública.
Paradójicamente, mientras aumenta la presión social, el tiempo juega en contra del propio Gobierno del Estado.
El SIAPA necesita recursos para modernizar redes, plantas de tratamiento, colectores y sistemas de distribución. Sin inversión difícilmente podrá corregir décadas de abandono. Pero también es cierto que ningún rescate financiero tendrá legitimidad si antes no existe un compromiso absoluto con la transparencia.
Los diputados de oposición ya comenzaron a fijar condiciones: rendición de cuentas, información técnica, participación ciudadana y vigilancia permanente del destino de cada peso. Es una exigencia razonable. Después de tantos años de administraciones ineficientes, la confianza no se decreta; se reconstruye.
El gobernador probablemente contará con los votos suficientes para sacar adelante el financiamiento. La discusión política podrá prolongarse algunos días, pero difícilmente cambiará el desenlace legislativo.
Lo verdaderamente importante ocurrirá después de la votación.
Si el endeudamiento se convierte únicamente en un cheque en blanco, el problema seguirá vivo dentro de unos años.
Pero si cada peso queda perfectamente auditado, si los proyectos tienen metas verificables y si los perfiles técnicos sustituyen definitivamente a las cuotas políticas, quizá esta crisis termine convirtiéndose en la oportunidad de reconstruir una institución que durante demasiado tiempo administró la escasez en lugar de garantizar un derecho.
Porque el agua ya no admite más discursos.
La confianza de los ciudadanos tampoco.
