Al fin llegó el plan. Después de semanas de protestas, reclamos ciudadanos, estudios científicos, conferencias de prensa, críticas de la oposición y un evidente desgaste político, el Gobierno de Jalisco presentó un programa emergente para atender la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Era indispensable hacerlo. Quizá el principal reproche no sea el contenido del plan, sino el tiempo que tardó en aparecer. En política, el vacío siempre lo ocupa alguien más. Mientras el Gobierno guardaba silencio, Morena, el PT y Futuro llenaron ese espacio con denuncias, señalamientos e incluso con la versión de una supuesta privatización del SIAPA. El debate dejó de centrarse en el agua y comenzó a girar alrededor de la disputa política.
Ahora el gobernador Pablo Lemus cambia la conversación. Presenta acciones inmediatas: pipas, garrafones, plantas potabilizadoras, vales para agua de consumo, rehabilitación de infraestructura y un plan hídrico para los próximos años. Son medidas que, al menos en el discurso, responden a una demanda ciudadana concreta y le devuelven margen de maniobra a Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, también hay preguntas que no deben perderse entre los anuncios.
El Gobernador señala que durante años no hubo inversión federal suficiente para la potabilización. Puede ser cierto. Pero también es verdad que los gobiernos estatales administraron el SIAPA durante décadas. La Federación no decide cómo se nombran directivos, ni cómo se ejercen los recursos, ni explica episodios de corrupción que hoy resultan difíciles de justificar.
La presencia de perfiles sin experiencia técnica ocupando cargos estratégicos, las decisiones administrativas cuestionables y los escándalos acumulados durante años reflejan que el problema no nació únicamente por falta de dinero. También hubo fallas de gestión, de supervisión y de prioridades.
El agua que hoy sale turbia de miles de hogares es consecuencia de muchos años de decisiones aplazadas.
Por eso este plan no debe entenderse como el final del problema, sino como el inicio de una obligación mucho mayor: recuperar la confianza de la ciudadanía.
Porque las pipas, los garrafones y los vales pueden atender la emergencia. Lo verdaderamente difícil será convencer a las familias de que algún día volverán a abrir la llave con la tranquilidad de beber el agua que sale de ella.
La política puede sobrevivir a una crisis de imagen. Lo que no puede sobrevivir es un servicio público que pierde la confianza de quienes dependen de él todos los días.
