Diésel a 27 pesos: negociar también es gobernar
En tiempos normales, bajar un peso al diésel parecería poca cosa. En tiempos de guerra, petróleo caro e inflación presionando la mesa de las familias, ese peso cuenta distinto.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo con gasolineros para que el precio del diésel baje gradualmente a 27 pesos por litro. Para algunos será insuficiente. Y sí: nadie va a llenar el tanque y sentir que entró a una promoción de supermercado. Pero conviene mirar el fondo: en México casi nada baja. Menos aún los combustibles. Y mucho menos cuando el mercado internacional está temblando por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya presiona al alza el precio del petróleo.
El diésel no es cualquier combustible. Mueve camiones, mercancías, alimentos, transporte de carga y buena parte de la economía real. Cuando sube el diésel, tarde o temprano sube el precio de lo que llega al mercado, a la tienda y a la mesa. Por eso el acuerdo no debe leerse solo como una medida para automovilistas, sino como una estrategia para contener presiones inflacionarias. La propia presidenta señaló que sin estos acuerdos el litro podría estar alrededor de 35 pesos.
La clave política está en la palabra acuerdo. Porque nadie quiere ganar menos. Ni bancos, ni gasolineros, ni empresas de vales, ni distribuidores. La economía no se mueve con buenos deseos, sino con intereses. Y ahí es donde se mide la capacidad de un gobierno: no solo en ordenar, sino en sentar a los actores, negociar márgenes y construir corresponsabilidad.
¿Es suficiente? No. ¿Es permanente? Tampoco: se ha señalado que el acuerdo es temporal. Pero en medio de un contexto internacional adverso, lograr que un precio baje —aunque sea un peso— es remar contra la corriente.
La crítica es válida, pero también debe ser honesta. Gobernar no siempre es hacer milagros; a veces es evitar que el golpe llegue completo.
Y en este caso, bajar el diésel a 27 pesos no resuelve todos los problemas, pero manda un mensaje: frente a la presión global, el Estado no se cruza de brazos. Negocia, contiene y busca que el costo no termine, como siempre, en el bolsillo de la gente.
