En Jalisco ya no sólo contamos homicidios: contamos silencios. El asesinato del regidor de Talpa de Allende, Marco Antonio Franco Palomera, no es un hecho aislado; es el tercero en apenas dos años. Tres nombres que deberían ser expediente resuelto, no estadística en construcción.
La reacción política es predecible: condenas, exigencias de justicia, discursos que suenan firmes… pero que duran lo que dura el ciclo de noticias. Lo que no puede ser efímero es la verdad.
Aquí hay un punto incómodo, pero necesario: no todos los asesinatos son iguales, aunque todos duelan. Determinar si estamos frente a un crimen vinculado a la inseguridad estructural o a un conflicto personal no es un detalle técnico, es el corazón del problema. Porque de esa respuesta dependen las decisiones públicas, las estrategias de prevención y, sobre todo, la tranquilidad de la gente.
Cuando la Fiscalía —estatal o federal— no esclarece con rapidez y claridad, deja un vacío. Y en política, como en la vida, los vacíos no se quedan vacíos: se llenan de miedo, de sospechas, de versiones que corren más rápido que la verdad. Y el rumor, a diferencia de la justicia, no tiene protocolos.
La seguridad no sólo se construye con patrullas y operativos. También se construye con certezas. Con investigaciones sólidas, transparentes y oportunas. Con la capacidad de decirle a la ciudadanía qué pasó, por qué pasó y qué se hará para que no vuelva a ocurrir.
Porque cuando la verdad se retrasa, la violencia gana otra batalla: la de la percepción. Y esa, suele ser la más difícil de revertir.
