Un presupuesto de 38.5 millones de pesos asignado a actividades recreativas vinculadas al Fan Fest del Mundial generó críticas por posibles irregularidades en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Actores políticos señalaron que este gasto contrasta con la falta de servicios básicos en distintas colonias.
El diputado local Alberto Alfaro García, junto con el regidor Eduardo Ramírez, ambos del Partido Verde Ecologista de México, cuestionaron que la administración municipal encabezada por Laura Imelda Pérez Segura haya dado prioridad a eventos de entretenimiento, mientras persisten zonas sin acceso a agua potable y drenaje.
Según el legislador, el procedimiento de licitación para estos servicios se habría llevado a cabo en periodo vacacional y en un lapso inferior al habitual, lo que consideró una posible anomalía administrativa. Indicó que la adjudicación se concretó en menos de diez días, lo que, a su juicio, reduce la competencia y la transparencia. Alfaro García adelantó que interpondrá una denuncia ante la Contraloría Municipal para solicitar la revisión del proceso y, en su caso, la suspensión de los pagos relacionados. Añadió que el gasto diario en actividades como instalación de pantallas, juegos y dinámicas recreativas podría alcanzar el millón de pesos.
Por su parte, el regidor Eduardo Ramírez incorporó a los señalamientos un segundo caso relacionado con la adquisición de luminarias por aproximadamente 45 millones de pesos, elevando a 83 millones el monto total bajo cuestionamiento. Afirmó que este proceso también se habría realizado en días inhábiles y bajo condiciones similares.
El edil subrayó que, en el caso de las luminarias, no existe información detallada sobre los contratos, incluyendo costos unitarios, especificaciones técnicas y garantías, lo que —dijo— genera incertidumbre sobre la legalidad y eficiencia del gasto. Asimismo, cuestionó la participación de un proveedor externo que logró integrarse al proceso.
Ambos representantes indicaron que darán seguimiento a las denuncias y demandaron mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, al considerar que las decisiones señaladas podrían haberse tomado en un entorno de opacidad administrativa y en detrimento de las necesidades prioritarias de la población.
