Mañana viernes 29 de mayo vence la segunda prórroga para el cambio gratuito de placas en Jalisco, un proceso que terminó exhibiendo irregularidades graves, sabotaje interno y corrupción. Dentro del propio Servicio Estatal Tributario, el jefe del organismo, Carlos Arias Madrid, reconoció el 19 de abril que en las 135 recaudadoras del estado operaban prácticas como el “coyotaje”, la manipulación discrecional de requisitos y un sabotaje al sistema virtual de citas, lo que impidió que miles de ciudadanos pudieran realizar su trámite en tiempo y forma. Durante semanas, usuarios documentaron que en los módulos de atención se exigían más documentos de los anunciados, se aplicaban criterios distintos según el funcionario y se generaban retrasos deliberados que hacían imposible avanzar. El resultado fue que miles de automovilistas quedaron atrapados entre la ineficiencia institucional y la corrupción, no por morosos ni omisos, sino porque el propio aparato estatal bloqueó su derecho a cumplir.
Apenas el 27 de mayo, a dos días de que concluya el plazo, el SET informó que únicamente se requieren dos documentos: INE con domicilio en Jalisco y el juego de placas anteriores. Una medida correcta, pero tardía, que confirma que los obstáculos previos no tenían sustento técnico y que el daño ya estaba hecho.
A partir del 30 de mayo, los agentes de tránsito tendrán patente de corso para sancionar a quienes no porten las nuevas placas, lo que muchos ciudadanos interpretan como el inicio de una nueva etapa de extorsión y abuso de autoridad, prácticas históricamente arraigadas en la corporación vial y que hoy encuentran un nuevo pretexto para operar.
Frente a este escenario, crece la exigencia de que los legisladores intervengan y propongan mecanismos de compensación para los meses que los funcionarios corruptos le arrebataron a la ciudadanía. No es aceptable que quienes sí intentaron cumplir sean castigados por un sistema que los boicoteó desde adentro. Si el propio Estado reconoce que hubo sabotaje, irregularidades y prácticas indebidas, entonces el Congreso tiene la obligación de corregir el daño y garantizar que ningún ciudadano sea sancionado por fallas que no le corresponden.
Además, esta es una oportunidad bien sustentada para que las instituciones muestren empatía con una ciudadanía golpeada en su economía y frustrada por ver, una vez más, a los mismos de siempre haciendo lo de siempre, sin consecuencias y sin voluntad real de corregir.
Por: Sergio Octavio García Aceves
